El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) considera que la iniciativa de reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador «podría generar obstáculos para el aprovechamiento del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)».
Lo anterior, debido a que el IMCO considera que «genera conflictos con sus disposiciones, afecta el mercado energético regional y a los exportadores de México y, al final del día, resta atractivo al país como alternativa de inversión frente a China».
A través del estudio: ¿Cómo afecta la iniciativa de reforma energética al T-MEC y a la Competitividad de América del Norte, elaborado por Jesús Carrillo, Ana Bertha Gutiérrez, Natalia Hernández, Noelia Jiménez y Oscar Campos, el instituto plantea que la iniciativa «tiene implicaciones nocivas en materia de Estado de Derecho en el país, el manejo sustentable de la economía y el cuidado del medio ambiente, así como la ejecución de negocios y actividades productivas».
Advierte que en caso de que la iniciativa sea aprobada en el Congreso de la Unión, «México corre el riesgo de tener que defender su política energética en paneles internacionales. Estados Unidos y Canadá, al igual que actores privados del sector energético, podrán recurrir a las protecciones que ofrecen tanto el TLCAN como el T-MEC para impugnar la reducción de su participación permitida en el sector, la cual está contemplada en el tratado».
Es decir, estos conflictos «elevan la probabilidad de un incumplimiento del tratado, y abren la puerta para un número de controversias que afectarían las relaciones comerciales de la región. Este choque, a su vez, inhibe las posibilidades para avanzar en la construcción de un mercado energético conjunto, que no sólo se facilitaría la colaboración en procesos y el desarrollo de habilidades entre los tres países, sino que elevar?a la disponibilidad de energía a precios competitivos en la región.
«Además, en un mercado eléctrico menos competitivo afecta directamente el desempeño y las posibilidades de crecer de los productores de manufacturas de exportación, el sector que más se beneficiaría del aprovechamiento del tratado comercial».
Con ello se pierde la oportunidad de colocarse como aliado de la región, de consolidarse como un destino principal de inversión de alto valor agregado, y de colocarse como alternativa de inversión frente a China en el contexto de las tensiones comerciales que han marcado el ámbito geopolítico en los últimos años, subraya el estudio.
El gobierno federal debe tener claro que dentro de las protecciones que brinda el tratado comercial «los inversionistas y actores privados del sector energético pueden impugnar la reducción de su participación permitida en el sector, la cual está contemplada y es parte toral de la iniciativa».
Sobre eliminar al regulador, como lo plantea la iniciativa, IMCO considera que «implica violar el principio de independencia regulatoria del T-MEC a nivel constitucional».
Incluso sustenta que, «de aprobarse la iniciativa, se estaría violando el principio de regulación independiente al eliminar a la Comisión Reguladora de Energía. Al mismo tiempo, se estaría cancelando el mercado eléctrico para transitar a un sistema controlado por la Comisión Federal de Electricidad, con una posibilidad -restringida- de participación privada».
En suma, indica, «se eliminaría la posibilidad de un mercado competido y competitivo». A su vez, en materia ambiental, precisa que «la única forma de que la iniciativa sea congruente con las disciplinas ambientales del T-MEC sería si además de la modificación Constitucional se modificaran también las leyes de Cambio Climático y Transición Energética; de otra forma, se entraría en un conflicto con el capítulo medioambiental».
Advierte que, en caso de un panel en contra de la política energética de México por parte de alguno de los países de la región, nuestro país tendría que «defenderse en la arena internacional».
